Ciudadanos, PP y Vox llevarán ante el Tribunal Constitucional la ley de protección al catalán, promovida por el PSC, ERC, Junts y En Cumú Podemos, tras la resolución del dictamen favorable del Consejo de Garantías Estatutarias.
El pasado 25 de mayo, el Parlament aprobó tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, impulsada por el PSC, ERC, Junts y los comunes, pero el dictamen solicitado por Cs, Vox y PP obligó a aplzar su aprobación hasta que el Consell se pronunciara.
En una rueda de prensa, el portavoz de Vox, Joan Garriga, ha afirmado que su formación, el dictamen no le «merece ninguna credibilidad», ya que el Consejo de Garantías es solo «un texto consultivo» y «no judicial». «Para nosotros, esto es papel mojado es lo mismo«, ha afirmado Garriga, que a la misma vez ha anunciado que se querellarán contra el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, por «desobedecer» la sentencia del 25% de castellano en las aulas.
Desde Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, ha replicado a la portavoz del PSC, Alícia Romero, que ha acusado a la formación liberal de hacer «filibusterismo parlamentario» para evitar que se apruebe la norma». «Prefiero hacer filibusterismo parlamentario que seguidismo al independentismo«, ha señalado Blanco, que ha acusado al PSC de tener «síndrome de Estocolmo» con los independentistas.
Por su parte, la portavoz del Partido Popular de Cataluña, Lorena Roldán, ha admitido que las conclusiones del dictamen no le sorprenden porque «el problema no es lo que dice la ley, sino lo que no dice» al obviar la fijación del porcentaje mínimo del 25% de horas lectivas. Según Roldán, el redactado de la norma «es una trampa» para tratar de burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y «arrinconar» así al castellano en las aulas. «Esto es muy grave, en democracia no hay que discutir si se cumple o no una sentencia», ha dejado claro la portavoz de los populares
