La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al juez el archivo de una denuncia presentada por Teodoro García Egea, que acusaba a una periodista de un presunto delito de revelación de secretos por la publicación en un medio de comunicación digital de una conversación de WhatsApp entre el ex secretario general del PP y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.
Así se lo ha hecho saber en un escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 18, según ha dado a conocer este jueves el Ministerio Público, que descarta que haya un delito de revelación de secretos por la ausencia de indicios «bastantes» como para seguir con las actuaciones sobre la periodista y sobre la empresa propietaria del diario digital para el que ella trabaja.
El Ministerio Fiscal señala que «no cabe acreditar la comisión dolosa de los hechos», ya que no es posible determinar si la imagen de la conversación de WhatsApp fue captada «intencionadamente» con el uso de «artificios técnicos», bien fuesen cámaras de televisión o fotográficas, teléfonos móviles o, incluso, un programa informático.
En primer lugar, el escrito fiscal hace mención a la presunta comisión de un delito de revelación de secretos cometido por los encargados de las cámaras del pleno de la Asamblea de Murcia.
Pero para la Fiscalía madrileña no ha sido posible acreditar que los dos cámaras captasen la imagen del teléfono de López Miras y de una conversación mantenida por WhatsApp con García Egea, una posibilidad que ha quedado descartada en base a un informe técnico sobre los sistemas de grabación del parlamento regional de Murcia.
Según tal informe, «las tres cámaras tienen unas características técnicas y un ángulo de captación de imagen que hace concluir que resulta técnicamente imposible captar la imagen denunciada».
La relación entre la periodista y los cámaras
Asimismo, la Fiscalía destaca que no se sabe si esos dos cámaras tienen alguna relación con la periodista investigada, porque no hay testigos, imágenes o indicios que lo demuestren de un modo «suficiente» la supuesta participación en los hechos de dichos investigados. Tampoco ha podido acreditarse si otra persona concreta pudo haber captado la imagen del teléfono móvil de López Miras.
Tampoco se ha podido acreditar si se trató de una captación casual y, por ende, no delictiva en origen, «la cual, no obstante, llegó de algún modo por parte de una fuente no revelada a la periodista investigada», indica la Fiscalía en un comunicado.
De igual forma, en el escrito fiscal se refiere que tampoco cabe acreditar «si, en caso de que la imagen fuese captada en origen demodo ilícito y no de modo casual, dicho modo ilícito de captación era conocido por la periodista y por el responsable legal de la empresa, puesto que ambos han manifestado desconocer el modo de captación de la imagen en sus declaraciones».
En cualquier caso, la Fiscalía advierte de que «aun entendiendo que no queda acreditada la comisión dolosa de los hechos por parte de la periodista» investigada, su conducta no podría calificarse de antijurídica «atendiendo a los criterios jurisprudenciales».
La conversación captada, un «soporte gráfico»
El Ministerio Público explica que la periodista publicó la imagen de la conversación de WhatsApp como «soporte gráfico» de una noticia publicada el 7 de junio de 2021 y, por lo tanto, su labor periodística está «amparada» en el Derecho Fundamental a la Libertad de Información recogido en el artículo 20 de la Constitución.
Agrega la Fiscalía que la periodista investigada no ha sobrepasado esos derechos porque los datos que aparecían eran «estrictamente necesarios» para publicar la noticia. Y ello porque, según la información, «la conversación de WhatsApp publicada reflejaba» un «presunto caso de corrupción entre políticos». La noticia informaba de que el presidente de Murcia habría mediado en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea.
El escrito hace hincapié en que el medio sacó a la luz «únicamente» una parte de la conversación, sin añadir datos que carecían de «interés noticiable» y que identificaran a personas ajenas a la denuncia, como el paciente de la operación quirúrgica.
