La Generalitat ha presentado este martes un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecución de la sentencia que fija un 25% de castellano en la escuela catalana.
En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que el recurso pide suspender los efectos del auto hasta que se resuelva el recurso por los «graves perjuicios que puede suponer a toda la comunidad educativa» aplicar esta orden.
Para la Generalitat tener que aplicar esta sentencia a pocos días de finalizar el curso escolar «sería una medida totalmente contraproducente para alumnos y profesores, que alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas», alega en el recurso, recogido por Europa Press.
El recurso también argumenta que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que pidió la aplicación de la sentencia del 25%, «no tiene la legitimidad» para participar en esta causa y cree que considerar que esta entidad defiende los intereses colectivos de todos los alumnos es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque, según la Generalitat, no está legalmente habilitada.
Asimismo, considera que en el auto el TSJC «va más allá» de la sentencia del 25% porque considera que la altera y la modifica, algo que cree que también vulnera la jurisuprudencia del Supremo.
Decreto ley
Plaja ha destacado que el Govern quiere actuar en todos los ámbitos para defender el catalán ante la sentencia del 25% y ha apuntado que, más allá de la «batalla judicial», está trabajando en otras iniciativas.
Así, ha afirmado que está trabajando en impulsar lo antes posible «modificaciones legislativas necesarias» con el apoyo del máximo de grupos parlamentarios y ha concretado que el Ejecutivo está ultimando un decreto ley que sirva para proteger a los centros educativos.
Aunque no ha querido dar más detalles sobre el contenido de este decreto, ha subrayado que tiene que servir para proteger a la dirección de los centros educativos y sus proyectos lingüísticos ante los tribunales, algo que cree que ya se está haciendo pero considera que este decreto daría «todas las garantías jurídicas».
La portavoz del Ejecutivo catalán ha afirmado que este decreto se espera aprobar «en los próximos días», o esta semana o la siguiente como muy tarde, y ha avisado de que no queda mucho tiempo para que finalice el plazo fijado por el TSJC para aplicar el 25% –se acaba el 31 de mayo– pero que todavía tienen algunos días para concretar las diferentes acciones que quieren impulsar.
De esta manera, ahora mismo hay varias iniciativas planteadas para hacer frente a la sentencia del 25%: por un lado, en el Parlament hay la modificación de la Ley de Política Lingüística, que presentaron PSC, ERC, Junts y los comuns pero Junts se ha descolgado, y por otro, el Govern está preparando un decreto ley para proteger a los centros, del que no han dado más detalles, y otro decreto anunciado en marzo para desplegar el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña (LEC).
Después de descartar aprobar la reforma de la Ley de Política Lingüística, Junts anunció que el lunes presentaría al Govern su propuesta de decreto para afrontar la sentencia del 25%, y Plaja ha explicado que el Ejecutivo la ha recibido y ha añadido que son bienvenidos «todos los que vengan a sumar, a aportar y contribuir en el consenso», pero no ha dado más concreciones.
«Máxima unidad»
Plaja ha insistido en que ninguna de las iniciativas son excluyentes y ha apostado por lograr el máximo consenso posible para defender el catalán: «Hace falta el máximo consenso, la máxima unidad en un tema tan delicado, tan importante y de interés».
Además, ha recalcado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, está involucrado en los trabajos para responder a la sentencia del 25% porque «es un tema de prioridad absoluta durante estos días».
