El pleno que iba a celebrar mañana viernes el Parlament para aprobar en lectura única la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria ha sido aplazado a la espera del dictamen solicitado por Vox, Cs y PP al Consejo de Garantías Estatutarias.
La petición de este dictamen puede desbaratar los planes de PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem, que el pasado martes alcanzaron un pacto para impulsar una nueva ley que prevé reafirmar el catalán como «lengua vehicular» en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de «uso curricular», sin fijar porcentajes y dejando margen de decisión a los centros educativos.
El acuerdo llegó justo una semana antes de que expire el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer el 25% de clases en castellano.
Sin embargo, no está claro que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias -órgano de carácter consultivo- llegue a tiempo para que el Parlament pueda aprobar la nueva ley antes de que expire el plazo del TSJC.
El Consejo de Garantías Estatutarias dispone ahora de siete días hábiles para dictaminar si se ajusta al Estatuto y la Constitución, por lo que solo si emite su informe con inusual rapidez será posible celebrar el pleno de aprobación de la ley el lunes o el martes de la semana que viene, para presentarla ante el TSJC junto a un decreto ley que prevé aprobar en paralelo el Govern de Pere Aragonès.
Este jueves, en el transcurso de la segunda jornada del pleno ordinario de esta semana, Vox, Cs y PP han registrado la solicitud de dictamen, en un escrito en el que alegan que «la proposición de ley es inconstitucional y contraria a los dictados de los tribunales por no recoger el castellano como lengua vehicular y no garantizar en modo alguno que todos los alumnos van a recibir de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular del castellano, en porcentaje no inferior al 25%».
«El deber de conocer el castellano está ligado al derecho a la educación«, señalan los tres partidos, que consideran que «la expresa y torticera ambigüedad con la que la presente proposición de ley reconoce como lengua vehicular únicamente la lengua catalana choca frontalmente con lo resuelto por el Tribunal Constitucional».
Los firmantes insisten en que «la interpretación que se hace en la presente proposición de ley sobre la no vehicularidad del castellano es manifiesta e injustificadamente contraria a lo resuelto por el Tribunal Constitucional».
Posteriormente, la Mesa del Parlament ha admitido a trámite la petición para que el Consejo de Garantías Estatutarias se pronuncie sobre la proposición de ley, por lo que la tramitación de la propuesta queda ahora en suspenso hasta que llegue el dictamen.
