La Generalitat ha recurrido el ultimátum que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para implantar un 25% de clases de castellano en las escuelas, alegando que prepara una normativa nueva y que modificar los proyectos lingüísticos a final de curso puede causar «graves prejuicios».
En su escrito, el Gobierno catalán pide al TSJC que suspenda el plazo de 15 días que le dio para cumplir la sentencia, que expira el martes próximo, y reconozca que el Departamento de Educación está «llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales» en la enseñanza.
El Gabinete Jurídico de la Generalitat ha presentado este recurso, después de que se aplazara el pleno previsto para este viernes en el Parlament para aprobar en lectura única la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales pactada por PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem, a la espera del dictamen solicitado por Vox, Cs y PP al Consejo de Garantías Estatutarias.
La petición del dictamen amenaza con desbaratar los planes de PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem de aprobar la nueva ley -que prevé reafirmar el catalán como «lengua vehicular» en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de «uso curricular»- antes del plazo máximo fijado por el TSJC.
