El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, y el secretario general adjunto del GPP, Guillermo Mariscal, presentan una batería de iniciativas parlamentarias contra la crisis energética, económica y social.
Rollán censura que Sánchez opte por el “ordeno y mando” en el “decreto de improvisación energética”, en lugar de fomentar el diálogo con las comunidades autónomas y los sectores afectados.
Recuerda que Núñez Feijóo fue el primero en reclamar al Ejecutivo un plan de ahorro energético “serio, eficaz y riguroso” y le reprocha que haya apostado por “recortar de forma obligatoria, que es lo que le gusta al PSOE, a Sánchez y a Podemos”.
Insta al Gobierno a retirar el texto y convocar cuanto antes la Conferencia de Presidentes, porque estos son la correa de transmisión en el cumplimiento y desarrollo de la norma, para consensuar así un nuevo texto.
Considera que, además de ahorrar energía, hay que sacar rendimiento a la ya disponible, sin establecer ningún tipo de veto ideológico como el que practica el Gobierno, así como un mejor aprovechamiento de los fondos europeos.
Asegura que el Ejecutivo está “muy nervioso” porque todas las encuestas, incluso el “increíble” CIS, apuntan a una victoria del PP y sitúan a Núñez Feijóo como el presidente necesario para asumir la responsabilidad de Gobierno y acometer las reformas necesarias.
Denuncia la “desconexión” del Gobierno con los españoles, quienes perciben un horizonte económico cada vez más negativo • Acusa al Ejecutivo de “trilerismo político” y de lanzar una “cortina de humo” sobre la renovación del CGPJ.
Lamenta que el Ejecutivo convierta la Ley de Secretos Oficiales en un “ejercicio de pleitesía” hacia sus socios parlamentarios, a quienes concede todas sus reivindicaciones.
Critica que, tras diez visitas a La Palma del presidente del Gobierno y 35 por parte de sus ministros, Sánchez hable ahora de reducir la burocracia, cuando se cumplen ya once meses de la erupción del volcán.
Traslada su apoyo y solidaridad a los bomberos, FCSE, Protección Civil y voluntarios que están luchando contra los incendios que afectan a varias comunidades autónomas.
Guillermo Mariscal: «Es necesaria una reforma profunda de los planteamientos energéticos del Gobierno»
El secretario general adjunto del GPP destaca que Sánchez está teniendo que rectificar todas y cada una de las medidas energéticas que planteó cuando llegó a La Moncloa, acercándose a las que defiende el PP.
Reclama “una tarifa social” para que las personas que están padeciendo pobreza energética y no pueden tener su casa a la temperatura adecuada o pagar la factura, puedan saber a ciencia cierta qué precio pagarán independientemente de las fluctuaciones del mercado eléctrico; un precio al que puedan hacer frente.
Exige que se paralice la Ley de Cambio Climático en lo referente a la prohibición de cualquier tipo de investigación para la extracción de minerales.
“No es razonable que, en medio de una crisis energética como la que vive nuestro país, no tengamos acceso al conocimiento de los minerales disponibles, en especial el litio, que es la materia prima para la fabricación de baterías”, asevera Mariscal, quien remarca que son minerales que facultan a la industria básica española mantener su competitividad.
“Todas las tecnologías disponibles deben aprovecharse en estos momentos de crisis energética, dejando a un lado la ideologización de las fuentes de generación eléctrica que ha primado la política energética de este Gobierno”, afirma.
Denuncia que “el Gobierno politiza las tecnologías” y le reprocha su “fundamentalismo tecnológico”, lo que ha llevado a España a pasar de importar el 0% del gas ruso en 2018 al 10% en estos momentos
Señala que la política energética exige pensar más allá de una legislatura, incluso de una generación. Para ello, considera que “es imprescindible el diálogo para un sostenimiento de esas políticas en el tiempo, que den certeza y favorezcan la inversión tan necesaria en el proceso de descarbonización de la economía”.
Por último, ha anunciado una Proposición no de Ley (PnL) para eliminar el IVA de los alimentos que se pueden donar a los servicios sociales que están ayudando a las personas que más sufren la crisis.
