El Gobierno ha sancionado con 800 euros al fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer de 1995, por dos infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana que le atribuye un policía a cuenta de un episodio ocurrido el 2 de diciembre de 2020 en el muelle de Arguineguín. «Ese día era un día histórico», recuerda para Efe Bauluz. «Era el primer día en que llegaba Salvamento con un rescate a Arguineguín después de que el muelle dejara de ser un campo de concentración con 2.700 personas sobre el suelo; era el día en el que las reglas del juego cambiaban, en el que íbamos a ver si nos dejaban trabajar una distancia prudencial o volvían a alejarnos a 200 metros».
El fotoperiodista asturiano, que cubrió durante meses la crisis migratoria en Canarias para El País, había llegado al muelle cuando atracaba el barco de Salvamento Marítimo, antes de que se desplegase el habitual dispositivo policial. Se acercó y comenzó a disparar las fotos que desde hacía tiempo reclamaba tomar, a una distancia que permitiera retratar a los inmigrantes «como personas», no como una «masa sin cara». Y no estaba solo, por el muelle paseaban en ese momento varios turistas.
Lo que ocurrió después está grabado en un vídeo que Bauluz ha publicado en sus redes sociales: dos policías se le acercan, le ordenan que se aleje y, mientras él camina con uno de los agentes hacia donde le indican, el otro le agarra por detrás del brazo izquierdo. El fotoperiodista retira el brazo sorprendido y manotea para que no le agarren: «¡Que no me toque!», se le escucha decir. «Saben dónde te agarran, en un nervio. Sentí como un latigazo y levanté el brazo de dolor, de manera instintiva, y lo seguí levantando para que no me agarraran», relata año y medio después.
Por esos hechos, Bauluz ha sido sancionado por dos infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana: falta de respeto a un policía (700 euros) y negativa a identificarse (100). El periodista niega que faltase al respeto a nadie y, respecto al segundo cargo, solo subraya que en el vídeo se le ve entregando el DNI al agente. «Me dijo que me iba a denunciar. Cuando regresó de su furgoneta, venía con dos papeles. ¿Este segundo es una copia?, le pregunté. Me dijo que no, que era otra denuncia por negarme a identificarme… Todo ello mientras me devolvía el DNI. Fue surrealista», se queja.
Bauluz, que estos días está recibiendo mensajes de apoyo de numerosos colegas y de varias organizaciones de defensa de los derechos civiles, inscribe todo lo ocurrido en las protestas que los informadores hicieron de forma repetida por las dificultades que la Policía les ponía para cubrir los desembarcos de Salvamento Marítimo en aquellas fechas en Arguineguín, a veces incluso cruzando vehículos delante de las cámaras para impedir la toma de imágenes.
«No pienso pagar. Esto es injusto»
Esas trabas no solo motivaron de una queja formal de Reporteros Sin Fronteras, sino que también aparecen, por ejemplo, entre las prácticas criticables que el Departamento de Estado de EEUU cita en su informe anual de 2021 sobre Derechos Humanos relativo a España. En esos días de finales de noviembre, en el muelle de Arguineguín se hacinaban más de 2.500 personas que dormían sobre el suelo y, a veces, sin nada con que protegerse del sol o de la lluvia, en unas condiciones que fueron reiteradamente denuncias por organizaciones como la CEAR, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, o por el propio juez de supervisión del CIE de Gran Canaria.
El 29 de noviembre de 2020, por la noche, el campamento se desmanteló, después de que el Defensor del Pueblo enviase un requerimiento al Ministerio del Interior por sus malas condiciones. Después de meses desplazado en diferentes coberturas como fotógrafo autónomo en Canarias, Ceuta y el sur de España, Bauluz se ha encontrado al regresar a su casa de Asturias con la notificación de las sanciones, que ya están en fase de apremio y suman con intereses casi 1.000 euros.
«No pienso pagar. Esto es injusto», dice el foto periodista. «Si con el tiempo me lo embargan de la cuenta, pues ya está. Pero mi padre me enseñó que hay cosas que valen más que el dinero, como la dignidad y la libertad, la de uno y la de los demás». Mientras tanto, Javier Bauluz asegura que seguirá exigiendo al Gobierno que cumpla su compromiso de «derogar la Ley Mordaza» o, al menos, de retirar de ella los artículos más controvertidos y que más sanciones están generando a los informadores en su relación con algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Y, además, presentará una queja ante el Defensor del Pueblo.
